Bienvenido sea el revuelo acaecido estos dos últimos días en twitter a raíz de las declaraciones del presidente del gobierno sobre su intención de proponer una reforma constitucional que limite el déficit público. Aunque me pregunto si la indignación, el hastío, el cuestionamiento, la incredulidad en algunos casos, que recogen los comentarios de los participantes, servirá para ejercer una nueva presión hacia nuestros dirigentes.
Tal vez sea muy osado por mi parte pensar que, de alguna manera, los recursos tecnológicos de que disponemos para expresar el malestar provocado por los abusos y desatinos del sistema establecido, ejercen de válvula de escape contra un sentimiento de frustración. Sentimiento que va generalizándose a medida que vemos recortados nuestros derechos, se precarizan las condiciones de vida de una proporción cada vez mayor de la población y se utiliza el dinero público -el de todos- en cuestiones no prioritarias para el bienestar del conjunto de la sociedad. Si ello fuera así, las redes sociales estarían en cierto modo conteniendo el malestar de la ciudadanía y encauzándolo de un modo no conflictivo al permitir la verbalización de ese malestar.
Cuestión diferente es pasar de la palabra a la acción, aprovechando toda esa tecnología a nuestro alcance. Eso es lo que ha hecho Vicenç Navarro, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Pompeu Fabra, promoviendo a través de la web actuable.es el envío de una petición de referéndum a las Cortes españolas para ratificar la reforma constitucional.
Hasta ahora las redes sociales se han manifestado eficaces para la expresión del malestar civil por su superior capacidad de convocatoria frente a otras herramientas, pero al final, lo que cuenta es la participación física de las personas a gran escala en actos públicos, donde la clase política sea puesta en evidencia y cuestionada por sus desatinos.
El anuncio de Zapatero a cerca de la reforma constitucional, pone de nuevo a prueba – a parte de la paciencia de los españoles y españolas- lo que Internet puede aportar en esa demanda de un cambio económico, político y social que cada vez reclaman más voces.
No se si en este país existe un alto grado de conciencia y madurez política, pero las intenciones del ejecutivo de limitar el déficit a base de reforma constitucional, graves de por sí, por el peligro que supone para las partidas de gasto social, lo son más aún por las formas. Pretender eludir el trámite del referéndum es un auténtico desprecio a la soberanía del pueblo, minimizar la importancia del cambio constitucional una ofensa a nuestra inteligencia. Qué ironía ahora que se empieza a hablar de democracia participativa…
Emprender semejante iniciativa a un mes escaso de acabar la legislatura y con carácter urgente, incomprensible, a no ser que la premura sea el resultado de las presiones provenientes de la canciller alemana o el Banco Central Europeo. Defender la medida comparándonos con las “grandes economías europeas”, prepotente o falto de realismo.
Escaso favor está haciendo Rodríguez Zapatero tanto a la izquierda ideológica como a su partido, al seguir los dictados del más estricto neoliberalismo y tomar iniciativas propias de la derecha más conservadora.
Si J. Maynard Keynes levantara la cabeza, seguramente le daría una buena colleja, señor Presidente.
Fotografía:diariojuridico.com
Mundo Wiki 
Los recortes sociales se pueden hacer ya sin necesidad de esta reforma, la cual, tampoco obliga a hacerlos.
Ha quedado demostrado que las comunidades autónomas tienen muy poca capacidad (e intención) de controlar su déficit, siendo además la administración pública en donde se han visto los mayores escándalos en la utilización de los fondos públicos.
Al margen de que la constitución recoge la posibilidad de reformas sin referéndum, tampoco podemos pretender que cualquier paso que se de sea sometido a consulta popular. En este caso en concreto, probablemente lo que no tenemos es tiempo. La economía española está en una situación muy complicada después de ver como la prima de riesgo se disparaba hasta rebasar el límite de la intervención (produciéndose ésta de hecho al tener que entrar el BCE a comprar deuda española e italiana). La estrategia de mantener artificialmente nuestra deuda en los mercados no puede mantenerse indefinidamente y los síntomas de recuperación son demasiado débiles en nuestro país como para no afrontar con urgencia los problemas que tenemos.
Un saludo
Por supuesto Alfredo, que el gobierno no está emprendiendo ninguna acción anticonstitucional y que la decisión adoptada responde a la necesidad urgente de propiciar la calma en los mercados financieros. No se trata de someter a referéndum cualquier modificación de la Carta Magna, pero considero que lo que se pretende legislar por vía constitucional, no procede. Los presupuestos son la herramienta político-económica fundamental del ejecutivo, quien, como haría cualquier unidad familiar o empresa, debería mantener un adecuado nivel de apalancamiento financiero. El Señor Presidente tiene suficientes expertos entre su equipo de asesores como para saber que las cifras de déficit que venía manteniendo eran cuanto menos suicidas y que el peso de la deuda que conlleva ese nivel de déficit lo estamos acarreando a las generaciones venideras. Que el déficit se haya disparado es el resultado de una temeraria gestión de los recursos y por tanto una responsabilidad que debería asumir el gobierno, no el legislativo. En cuanto a la cuestión de la falta de tiempo, es sólo una excusa, porque según preveen, la medida no tendría efectos hasta el 2018. La tal urgencia es sólo la presión de Alemania por parar la sangría del BCE y de la especulación del gran capital ante la que los gobiernos de medio mundo han acabado arrodillándose. Además hacerle el trabajo sucio al PP, tomando esta medida tan impopular cuando al gobierno le quedan cuatro aplausos de legislatura, es algo que no puedo comprender. El efecto global que quedará en la memoria retrospectiva será que el PSOE hundió la economía española, fué el inspirador de la política déficit cero y la derecha recogerá los frutos políticos de la recuperación económica. Y si no, tiempo al tiempo.
Un placer recibir tus comentarios y poder debatir estas cuestiones de gran trascendencia. Sin duda enriquecen este espacio. Un saludo cordial.
El Estado ha conseguido avances en el control de su déficit pero no ha ocurrido lo mismo con las comunidades autónomas. El presidente y su “equipo de asesores” poco pueden hacer para evitar que éstas se endeuden hasta las orejas ya tienen las competencias para elaborar su presupuesto, endeudarse, emitir su propia deuda, etc.
El que se utilice la constitución para poner el límite no es algo caprichoso, es la única norma que está por encima de las leyes que regulan los estatutos de autonomía. Es decir, el Estado podría aprobar una ley sobre el déficit de las CC.AA. pero dudo que tuviese algún valor en la práctica. Las leyes estatales y las autonómicas tienen la misma jerarquía, y a la hora de aplicar una u otra, rige el principio de competencia: Si la comunidad tiene asumida la competencia sobre una cuestión, sus leyes al respecto están por encima del resto.
Tampoco es realista pensar en un gran acuerdo entre comunidades autónomas y el estado sobre este asunto y además, una reforma constitucional seguro que tiene mucha mayor repercusión fuera que otro tipo de pacto.
Quien dice que límite el déficit va a suponer recortes sociales, está afirmando al mismo tiempo que el “estado del bienestar” se financia en parte con deuda, lo cual sería una situación insostenible.
Visto lo visto en los últimos años la reforma para mí es buena, lo que ocurre es que los que la tienen que poner en práctica generan mucha desconfianza porque son los mismos que los que nos han llevado a la situación actual.
Un saludo
No veo nada incongruente en el hecho de que la descentralización conlleve necesidades de financiación aparejadas a esas competencias atribuidas por las leyes. Y si es necesario incurrir en una cifra de gasto para cubrir necesidades ineludibles que superen los ingresos, incurrir en déficit. El problema es la falta de moderación y una planificación espantosa de la actividad del Estado. Debió recogerse mucho más en tiempos de bonanza económica y crear fondos sólidos – y estructura productiva también sólida- para prevenir situaciones futuras de recesión. Si eso se hubiera hecho así, el mayor gasto social que acarrea la crisis, hubiera podido cubrirse con el superávit de los años de bonanza económica. Estoy de acuerdo contigo en dos puntos: que el efecto de una reforma constitucional tiene más fuerza de cara a tranquilizar los mercados internacionales de capitales que acuerdos internos con CC.AA. y que la falta de credibilidad de nuestros políticos ha favorecido seguramente la reacción negativa de la ciudadanía contra la reforma. No obstante, del cuerpo de tu reflexión parece desprenderse cierto cuestionamiento al propio estado de las autonomías. A mi entender esa organización del estado es necesaria para recoger nuestra diversidad histórica, política y cultural de una forma enriquecedora y la única alternativa conocida sería de tipo confederal.
Gracias por tu interesante reflexión. Un saludo.